Jacksonville Woman Pleads Guilty in Gun-Smuggling Scheme That Sent Weapons to Haiti *
By Carol A. Gasser Moore / * Inglés y español |
JACKSONVILLE, Fl. – A Jacksonville woman has pleaded guilty in a federal firearms trafficking case that prosecutors say helped move dozens of weapons and thousands of rounds of ammunition from Florida to Haiti, underscoring how firearms purchased in the Southeast can end up fueling violence far beyond the region. 
Francesca Charles, 28, of Jacksonville, pleaded guilty May 28 in federal court to conspiracy to smuggle goods and unlawfully ship firearms, unlawfully shipping firearms, and smuggling goods from the United States. She faces up to 20 years in federal prison when she is sentenced Aug. 18.
According to the U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida, authorities in the Dominican Republic intercepted a shipping container in February 2025 that was destined for Haiti. Hidden inside were 18 rifles, five handguns, firearm magazines, more than 36,000 rounds of ammunition, and a silencer.
The shipment’s manifest reportedly listed household goods rather than firearms and ammunition.
Federal investigators with the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives and Homeland Security Investigations traced many of the weapons to purchases allegedly made by Charles and co-defendants Jacques Pierre and Jeff Pierre. Authorities say the three purchased at least 46 firearms between May 2024 and February 2025, with Charles purchasing at least 24 of them.
While the case is centered in Florida, it highlights a growing concern for law enforcement agencies across the Southeast: how firearms purchased legally can be diverted into criminal trafficking networks and transported across state and international borders.
For communities throughout South Georgia, the case serves as a reminder that gun trafficking is not confined to major cities or ports. Firearms purchased in the region can quickly move through transportation corridors and become part of larger criminal enterprises operating hundreds or even thousands of miles away.
One of the most striking details in the federal case involves a Barrett .50-caliber rifle. Prosecutors say one of two Barrett rifles purchased by the conspiracy was recovered from the intercepted shipment. The second rifle was later recovered during a November 2025 confrontation between Haitian police and an armed gang.
Federal authorities allege travel and shipping records showed the defendants coordinated shipments to Haiti shortly after acquiring large numbers of firearms. Investigators also found records indicating the defendants traveled to Haiti around the time shipments were expected to arrive and traveled to the Dominican Republic shortly before the container was seized.
The case comes as Haiti continues to struggle with widespread gang violence, political instability, and shortages of law enforcement resources. U.S. officials have repeatedly identified firearms trafficking from the United States as a major factor contributing to the country’s security crisis.
In related proceedings, Jacques Pierre, 32, and Jeff Pierre, 34, both Haitian citizens residing in Florida, have been charged with conspiracy to smuggle goods and unlawfully ship firearms, smuggling goods from the United States, and unlawfully shipping firearms. The charges remain pending, and both men are presumed innocent unless proven guilty in court.
The investigation was conducted by ATF and Homeland Security Investigations with assistance from the U.S. Embassy in Port-au-Prince and the U.S. Marshals Service.
Federal prosecutors say the case demonstrates how firearms trafficking networks can connect local gun purchases in the Southeast to violent criminal organizations operating far beyond American borders.
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For our Spanish speakers / Para nuestros hablantes de español
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Mujer de Jacksonville se Declara Culpable en un Esquema de Contrabando de Armas que Envió Armamento a Haití
Por Carol A. Gasser Moore / Inglés y español
JACKSONVILLE, Florida — Una mujer de Jacksonville se declaró culpable en un caso federal de tráfico de armas de fuego que, según los fiscales, ayudó a trasladar decenas de armas y miles de cartuchos de municiones desde Florida hacia Haití, poniendo de relieve cómo las armas compradas en el sureste de Estados Unidos pueden terminar alimentando la violencia mucho más allá de la región. 
Francesca Charles, de 28 años y residente de Jacksonville, se declaró culpable el 28 de mayo ante un tribunal federal de conspiración para contrabandear mercancías y enviar armas de fuego ilegalmente, envío ilegal de armas de fuego y contrabando de mercancías fuera de los Estados Unidos. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal cuando sea sentenciada el 18 de agosto.
Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida, las autoridades de la República Dominicana interceptaron en febrero de 2025 un contenedor marítimo con destino a Haití. Ocultos en su interior se encontraban 18 rifles, cinco pistolas, cargadores de armas de fuego, más de 36,000 cartuchos de munición y un silenciador.
Según las autoridades, el manifiesto de carga describía el envío como artículos para el hogar en lugar de armas de fuego y municiones.
Investigadores federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) rastrearon muchas de las armas hasta compras presuntamente realizadas por Charles y los coacusados Jacques Pierre y Jeff Pierre. Las autoridades afirman que los tres compraron al menos 46 armas de fuego entre mayo de 2024 y febrero de 2025, de las cuales Charles adquirió al menos 24.
Aunque el caso se centra en Florida, destaca una preocupación creciente para las agencias de seguridad pública de todo el sureste del país: cómo las armas adquiridas legalmente pueden ser desviadas hacia redes de tráfico criminal y transportadas a través de fronteras estatales e internacionales.
Para las comunidades del sur de Georgia, el caso sirve como recordatorio de que el tráfico de armas no se limita a grandes ciudades o puertos marítimos. Las armas compradas en la región pueden desplazarse rápidamente por corredores de transporte y convertirse en parte de organizaciones criminales más amplias que operan a cientos o incluso miles de millas de distancia.
Uno de los detalles más llamativos del caso federal involucra un rifle Barrett calibre .50. Los fiscales afirman que uno de los dos rifles Barrett adquiridos por la conspiración fue recuperado en el cargamento interceptado. El segundo rifle fue recuperado posteriormente durante un enfrentamiento ocurrido en noviembre de 2025 entre la policía haitiana y una banda armada.
Las autoridades federales alegan que los registros de viajes y envíos demostraron que los acusados coordinaron cargamentos hacia Haití poco después de adquirir grandes cantidades de armas de fuego. Los investigadores también encontraron registros que indican que los acusados viajaron a Haití alrededor de la fecha en que se esperaba la llegada de los envíos y que viajaron a la República Dominicana poco antes de que el contenedor fuera confiscado.
El caso se produce mientras Haití continúa enfrentando una violencia generalizada de pandillas, inestabilidad política y escasez de recursos para las fuerzas del orden. Funcionarios estadounidenses han señalado repetidamente el tráfico de armas desde Estados Unidos como un factor importante que contribuye a la crisis de seguridad del país.
En procedimientos relacionados, Jacques Pierre, de 32 años, y Jeff Pierre, de 34, ambos ciudadanos haitianos residentes en Florida, han sido acusados de conspiración para contrabandear mercancías y enviar armas de fuego ilegalmente, contrabando de mercancías desde Estados Unidos y envío ilegal de armas de fuego. Los cargos siguen pendientes, y ambos hombres se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
La investigación fue realizada por la ATF y por Investigaciones de Seguridad Nacional con la asistencia de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Los fiscales federales sostienen que este caso demuestra cómo las redes de tráfico de armas pueden conectar compras locales de armas en el sureste de Estados Unidos con organizaciones criminales violentas que operan mucho más allá de las fronteras estadounidenses.
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Nota editorial: Traducción al español asistida por inteligencia artificial (IA) y revisada por la redacción.
