Georgia businessman sentenced in international bribery scheme; what it could mean for South Georgia agencies*
By Carol A. Gasser Moore / *La traducción al español sigue a la noticia en ingles
FLORIDA – A Marietta businessman convicted in a years-long international bribery and money laundering scheme was sentenced this week in federal court, a case that—while centered overseas—raises questions that could matter closer to home for public agencies across Georgia, including South Georgia, that purchase uniforms and law-enforcement gear. 
Federal prosecutors said Carl Alan Zaglin, 70, of Marietta, was sentenced Tuesday to eight years in prison for his role in a scheme to bribe Honduran government officials and launder money to secure business for a Georgia-based manufacturer of law-enforcement uniforms and accessories. He was also ordered to forfeit more than $2 million, according to the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida.
Allegations: bribes for Honduran police contracts
According to court documents and evidence presented at trial, prosecutors said Zaglin agreed to pay bribes to officials connected to Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), a Honduran governmental entity that procured goods for the Honduran National Police.
Prosecutors alleged that between March 2015 and November 2019, Zaglin, identified as the owner and CEO of Atlanco LLC, orchestrated the payment of hundreds of thousands of dollars in bribes to Honduran officials, including former TASA Executive Director Francisco Roberto Cosenza Centeno and former TASA Titular Director Juan Ramon Molina, to obtain contracts worth more than $10 million.
Those contracts involved the sale of uniforms and other goods for Honduran security forces, prosecutors said.
How the money moved, prosecutors say
Federal authorities said the bribes were funneled through Aldo Nestor Marchena, a third-party intermediary who at the time lived in Boca Raton, Florida. Prosecutors said Marchena received $2.5 million through payments tied to sham invoices authorized by Zaglin, and that the payments were used to fund bribes to officials and to help secure and get paid on the Honduran contracts.
The indictment also describes a web of entities and accounts used to route money, including references to Florida-based and offshore structures, and identifies additional individuals alleged to have been involved in the scheme.
Verdict, sentencing and related cases
Zaglin was convicted after trial in September 2025, prosecutors said. Marchena, Cosenza and Molina previously pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering; Marchena was sentenced in November to 84 months in prison. Cosenza and Molina are awaiting sentencing.
The case was investigated by Homeland Security Investigations (HSI) in Miami, with international assistance from Belize, Colombia and Spain, according to the U.S. Attorney’s Office.
South Georgia angle: not named, but questions for local procurement
The federal case focuses on alleged corruption involving Honduras and a Georgia-based supplier, and authorities did not allege conduct tied specifically to South Georgia in the sentencing announcement.
Still, because the case involves a Georgia-based law-enforcement uniform and accessories business, it may be relevant to Georgia public agencies—including those in South Georgia—depending on whether any local departments purchased goods from the company or its affiliates.
Local governments and agencies that buy uniforms or tactical accessories typically maintain vendor and purchasing records that can be requested under the Georgia Open Records Act. Records that could help clarify any local connection include purchase orders, invoices, bid documents, and vendor payment ledgers for uniforms and related equipment.
In announcing the sentence, U.S. Attorney Jason A. Reding Quiñones said the case shows that foreign bribery can be prosecuted in U.S. courts, even when the conduct involves overseas officials.
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For our Spanish speakers | Para nuestros hablantes de español
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Empresario de Georgia condenado en esquema internacional de sobornos; lo que podría significar para agencias del sur de Georgia
Por Carol A. Gasser Moore / Traducción al español realizada con ayuda de IA (inteligencia artificial).
FLORIDA — Un empresario de Marietta condenado por su participación en un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero que se extendió por varios años fue sentenciado esta semana en un tribunal federal. El caso —aunque centrado en el extranjero— plantea interrogantes que podrían ser relevantes también para agencias públicas en Georgia, incluido el sur del estado, que compran uniformes y equipo para fuerzas del orden.
Fiscales federales informaron que Carl Alan Zaglin, de 70 años, residente de Marietta, fue sentenciado el martes a ocho años de prisión por su papel en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno de Honduras y lavar dinero con el fin de asegurar negocios para un fabricante con sede en Georgia de uniformes y accesorios para fuerzas del orden. Además, se le ordenó confiscar más de $2 millones, según la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Acusaciones: sobornos para contratos de la policía hondureña
De acuerdo con documentos judiciales y evidencia presentada en el juicio, los fiscales dijeron que Zaglin aceptó pagar sobornos a funcionarios vinculados al Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), una entidad gubernamental de Honduras que adquiría bienes para la Policía Nacional de Honduras.
Los fiscales alegaron que entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin —identificado como propietario y director ejecutivo (CEO) de Atlanco LLC— coordinó el pago de cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios hondureños, incluidos el exdirector ejecutivo de TASA Francisco Roberto Cosenza Centeno y el exdirector titular de TASA Juan Ramón Molina, con el fin de obtener contratos valuados en más de $10 millones.
Según los fiscales, esos contratos incluían la venta de uniformes y otros bienes para fuerzas de seguridad hondureñas.
Cómo se movió el dinero, según los fiscales
Las autoridades federales indicaron que los sobornos se canalizaron a través de Aldo Nestor Marchena, un intermediario externo que en ese momento residía en Boca Ratón, Florida. Los fiscales dijeron que Marchena recibió $2.5 millones mediante pagos vinculados a facturas falsas autorizadas por Zaglin, y que esos pagos se utilizaron para financiar sobornos a funcionarios y para ayudar a asegurar los contratos en Honduras y el cobro de los mismos.
La acusación formal (indictment) también describe una red de entidades y cuentas utilizadas para desviar y mover fondos, incluidas referencias a estructuras con sede en Florida y estructuras “offshore” (en el extranjero), e identifica a otras personas que presuntamente participaron en el esquema.
Veredicto, sentencia y casos relacionados
Los fiscales dijeron que Zaglin fue condenado tras el juicio en septiembre de 2025. Marchena, Cosenza y Molina se declararon culpables previamente de conspiración para cometer lavado de dinero; Marchena fue sentenciado en noviembre a 84 meses de prisión. Cosenza y Molina están a la espera de sentencia.
Según la Fiscalía federal, el caso fue investigado por Homeland Security Investigations (HSI) en Miami, con asistencia internacional de Belice, Colombia y España.
Enfoque sur de Georgia: no se menciona, pero surgen preguntas sobre compras locales
El caso federal se centra en presunta corrupción relacionada con Honduras y un proveedor con sede en Georgia, y las autoridades no alegaron conducta específicamente vinculada al sur de Georgia en el anuncio de la sentencia.
Aun así, debido a que el caso involucra a un negocio con sede en Georgia que fabrica uniformes y accesorios para fuerzas del orden, podría ser relevante para agencias públicas del estado —incluidas las del sur de Georgia— dependiendo de si algún departamento local compró productos a la empresa o a sus afiliadas.
Los gobiernos locales y agencias que compran uniformes o accesorios tácticos normalmente mantienen registros de proveedores y compras que pueden solicitarse mediante la Ley de Registros Públicos de Georgia (Georgia Open Records Act). Los documentos que podrían ayudar a aclarar cualquier conexión local incluyen órdenes de compra, facturas, documentos de licitación y registros de pagos a proveedores relacionados con uniformes y equipo.
Al anunciar la sentencia, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones señaló que el caso muestra que los sobornos en el extranjero pueden ser procesados en tribunales de Estados Unidos, incluso cuando la conducta involucra a funcionarios fuera del país.
